En Yucatán, la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se publicó en 2008. Ahí, se definió la violencia feminicida como la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.
Fue hasta el 2012 que se creó el delito de feminicidio, antes todos los asesinatos de mujeres eran considerados homicidios, borrando las razones de género que motivaron los crímenes y que los hacen diferentes de otros asesinatos. Pero no fue clasificado como un delito grave por lo que los presuntos responsables podían llevar su proceso penal en libertad.
La organización de defensa de derechos humanos, Indignación, tramitó una omisión legislativa, es decir, una demanda para que el Congreso del Estado modificara el Código Penal de Yucatán y enlistara el delito de feminicidio como uno grave. ( Foto:Beatriz Alejandra Casanova Tun) @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;}@font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536859905 -1073697537 9 0 511 0;}p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}.MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}div.WordSection1 {page:WordSection1;}
En 2014, la Fiscalía inició la primera investigación por feminicidio. Se trataba del asesinato de Karina de Jesús, pero el caso se archivó porque el victimario, su exesposo, murió a los pocos días a causa de las lesiones que él mismo se provocó después de asesinar a Karina.
Se modificó el Código Penal para clasificar el delito de feminicidio finalmente como grave. (Foto: @mid.air.mx)
Pasaron dos años más hasta que la Fiscalía inició una nueva investigación por feminicidio. Se trató del caso de Martha Eugenia Martínez Ávila, una joven de 18 años. (Foto: Beatriz Alejandra Casanova Tun)@font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;}@font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536859905 -1073697537 9 0 511 0;}p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}.MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}div.WordSection1 {page:WordSection1;}
En febrero de 2016, la Fiscalía General del estado de Yucatán aprobó un acuerdo para crear el Protocolo de actuación ministerial, pericial y policial en el delito de feminicidio. La fiscalía había usado como pretexto la falta de este protocolo para no iniciar investigaciones por el delito de feminicidio. (Foto: Marigel Campos)
El feminicidio de Martha Eugenia fue el primero en llegar a una sentencia condenatoria, en noviembre de 2016.
En febrero de 2017, las organizaciones Ciencia Social Alternativa Kóokay A.C., Ni Una Más A.C. y Yucatán Feminicida lanzamos la campaña #JusticiaalaMedida para exigir al Congreso del Estado a que homologue el delito de feminicidio conforme al Código Penal Federal. Ese mismo año, en junio, el Congreso modificó el delito de feminicidio, incluyendo la propuesta que realizamos.
En junio de 2017, las organizaciones Ciencia Social Alternativa Kóokay, Ni una más, el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio-Yucatán y Yucatán Feminicida, de la mano de las académicas Ligia Vera y Gina Villagómez, solicitamos la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por los casos de feminicidio y violencia sexual en el estado.
Después de más de un año, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) determinó que “Por el momento, no se actualizan elementos objetivos suficientes para declarar la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Yucatán”.
El 23 de julio, el Congreso del Estado aprobó una modificación al delito de feminicidio para incrementar la sanción en prisión a 65 años. Un mes después, también aprobaron hacer de este un delito imprescriptible, es decir, que se pueda sancionar independientemente del tiempo que pasó desde que se cometió.
La violencia feminicida no ha parado en Yucatán, sin embargo, cada vez las feministas en el estado están más organizadas y unidas: salen a las calles a exigir justicia por las víctimas de feminicidio, denuncian públicamente a actores sociales que han ejercido violencia machista, acompañan a mujeres que eligen abortar y construyen espacios seguros para ellas en las escuelas, lugares de trabajo y dentro de sus colectivas.
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