- Diputados y diputadas han realizado modificaciones a los delitos de feminicidio y abuso sexual que van en contra de los derechos de las mujeres yucatecas.
- El Gobierno del Estado continúa incumpliendo su propia Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia pese a obligaciones internacionales y exigencias de la sociedad civil.
Mérida Yucatán a 7 de marzo. – Organizaciones de la Sociedad Civil que defienden los derechos humanos de las mujeres, denunciaron graves omisiones que los y las diputadas, así como el propio Gobierno del Estado, han cometido en contra de las mujeres yucatecas.
Representantes de las Organizaciones Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio – Yucatán, Ciencia Social Alternativa Kóokay y Yucatán Feminicida, expusieron que diputados y diputadas realizaron la modificación del Código Penal del Estado en junio de 2016, eliminando el delito de Abuso Sexual de la lista de Delitos Graves, permitiendo que los presuntos responsables puedan llevar el proceso penal en libertad. Esto resta gravedad al delito y da un mensaje a la sociedad de permisividad, poniendo en riesgo a las víctimas de este delito.
Así mismo, las activistas exigieron a diputados y diputadas que homologuen el delito de Feminicidio del Código Penal de Yucatán, con el mismo delito del Código Federal, puesto que actualmente la aplicación del Feminicidio se ve limitada por las modificaciones realizadas por el Congreso del Estado en el 2014. Las activistas recordaron que esta misma exigencia fue realizada el pasado 25 de noviembre en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, sin ninguna respuesta clara por parte de los y las legisladoras hasta el día de hoy.
Finalmente, las organizaciones exigieron que el Gobierno del Estado cumpla la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, misma que establece la obligatoriedad del Ejecutivo de publicar el Programa Especial para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en el Estado de Yucatán, hasta hoy inexistente. La misma Ley también obliga al Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (IPIEMH), antes Instituto para la Equidad de Género, la implementación de un Banco Estatal de Datos e Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres desde el año 2008. Es decir, dicho Instituto lleva 9 años incumpliendo con el mandato que establece la Ley y que, de hecho, es una obligación internacional de acuerdo a la Recomendaciones Generales 12 y 19 del Comité de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW) de las Naciones Unidas, y la Reforma Constitucional de 2011 en materia de Derechos Humanos.
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